Esta actividad suele ser llevada a cabo por autoridades judiciales o entidades privadas que tienen la propiedad legal del terreno o la edificación. Los lanzamientos pueden implicar procedimientos legales y logísticos complejos para asegurar una ejecución eficiente y respetuosa de los derechos de las personas afectadas. Además, pueden requerir la coordinación con otros aspectos de la construcción, como la planificación del sitio y la gestión de residuos.