Estos desalojos pueden ser solicitados por propietarios, arrendadores o autoridades judiciales como parte de procedimientos legales. Durante el proceso, se siguen pasos legales específicos que incluyen notificación adecuada al ocupante, audiencias judiciales y, en última instancia, el desalojo físico si no se cumplen las órdenes judiciales. El objetivo principal de los desalojos judiciales es garantizar el cumplimiento de los derechos de propiedad y contrato, así como mantener el orden legal en las relaciones de arrendamiento y tenencia.